La reciente insistencia legislativa a la Ley que modifica la base de cálculo del sueldo de la Gobernadora plantea varias dudas, las que seguirán sin respuesta ante tanto silencio de sus autores.
Fue el mismo mecanismo que se siguió para que el Poder Ejecutivo aprobara un Presupuesto inconstitucional hace unos meses, también sin debate público, sin explicaciones de los motivos por los cuales el Gobierno se ponía de rodillas ante la Legislatura y no judicializaba una Ley inconstitucional..
Es que o bien nuestros Legisladores se han convertido en maestros en el arte de la telepatía, o definitivamente los debates y acuerdos se realizan lejos del ámbito en el que debieran darse. Y ante tanto silencio solo quedan las especulaciones.
Un poco de historia
La Constitución de la Provincia establece claramente que "Los legisladores gozarán de la dieta que fije la ley, la cual no podrá ser alterada durante el período de sus mandatos, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general para toda la administración pública"
La administración pública provincial agrupa a sus agentes en una gran cantidad de escalafones, por lo que históricamente no ha habido modificaciones salariales "de carácter general", sino que se han ido acordando escalafón por escalafón.
Así las cosas, la Ley 805 establecía un mecanismo de ajuste que estaba "atado" a la categoría más numerosa de la Administración Central, el escalafón SECO que nuclea a unos 5 mil agentes, lo que sin dudas podía interpretarse como un aumento de carácter general. La base de cáculo de la 805 incluía a más del 30% de los agentes de la administración central, escalafón que históricamente ha sido el más relegado en sus salarios. Se buscaba una fórmula que implicara que cada vez que la "clase política" pretendía actualizar sus salarios, debía hacerlo en la misma manera en que lo hacía para con los trabajadores con menores salarios.
Desde la sanción de la 805 no hubo una sola presentación judicial impugnando esa base de cálculo. Solo el Poder Judicial decidió directamente declarar inconstitucional la Constitución y no aplicar el tope salarial que hasta la Acordada 03/2007 decía venir aplicando. Y quizás este no sea un dato menor, el Poder Judicial interpretaba hasta ese entonces que cuando la Constitución dice "todo concepto", no incluía los items título y antigüedad, antigüedad que en la misma acordada fue elevado en un 25% (incrementando aún más el deficit previsional del IPAUSS, pero como se trata de los Jueces de esto no se habla). En definitiva, esta insistencia legislativa despejaba el camino para que "todo concepto" no sea "todo concepto".... hasta que el reclamo de la sociedad obligo a dar marcha atrás.
Una Legislatura que en 8 meses sesionó 3 veces, insistió esta Ley sin el más mínimo debate que permita dilucidar los reales motivos de la insistencia.
Lo que si es claro es que a medida que pasan los días los principales actores no saben como salir de este entuerto legislativo.
Una Legislatura que en 8 meses sesionó 3 veces, insistió esta Ley sin el más mínimo debate que permita dilucidar los reales motivos de la insistencia.
Lo que si es claro es que a medida que pasan los días los principales actores no saben como salir de este entuerto legislativo.
La Ley insistida por la Legislatura fija una nueva relación, esta vez con la categoría 10 del personal legislativo en la que no debe haber más de 30 o 40 agentes.
Nadie puede interpretar que un aumento salarial a menos de 50 empleados se considere "de carácter general" lo que haría que la Ley sea inconstitucional, pero además "ata" a escalafones de 2 Poderes independientes del estado, que como tales poseen presupuestos de gastos independientes
La Legislatura deberá solicitarle autorización al Poder Ejecutivo para otorgar aumentos?
Nadie puede interpretar que un aumento salarial a menos de 50 empleados se considere "de carácter general" lo que haría que la Ley sea inconstitucional, pero además "ata" a escalafones de 2 Poderes independientes del estado, que como tales poseen presupuestos de gastos independientes
La Legislatura deberá solicitarle autorización al Poder Ejecutivo para otorgar aumentos?
Así las cosas, toda vez que la Legislatura pretenda otorgar un aumento a sus empleados, deberá consultarle al Poder Ejecutivo si posee partida presupuestaria suficiente para afrontar los "daños colaterales" de esta Ley: el aumento salarial a cerca de 300 funcionarios, autoridades de entes descentralizados, Directorio del IPAUSS y personal de planta cuyas remuneraciones esten sujetas a un porcentaje del sueldo de la máxima autoridad de la Provncia.
De esta manera, cuando la Honorable Legislatura debata el Presupuesto 2012, deberá tener presente que la pauta salarial que fije para sus empleados sea acorde a la que apruebe para el Poder Ejecutivo.
No aclaren que oscurece
La falta de debate de la insitencia tampoco nos permite conocer los motivos por los cuales los Legisladores decidieron derogar una Ley (la 277) del año 1996. Es como suele decirse "uno no puede interpretar los silencios" y entonces solo quedan dudas. Esa Ley contenía 10 artículos, de los cuales solo dos quedaban vigentes: El que prohibía que los funcionarios alcanzados por esa norma perciban los adicionales por antigüedad y título y el que facultaba al Gobernador a fijar las remuneraciones de sus funcionarios.
La falta de debate de la insitencia tampoco nos permite conocer los motivos por los cuales los Legisladores decidieron derogar una Ley (la 277) del año 1996. Es como suele decirse "uno no puede interpretar los silencios" y entonces solo quedan dudas. Esa Ley contenía 10 artículos, de los cuales solo dos quedaban vigentes: El que prohibía que los funcionarios alcanzados por esa norma perciban los adicionales por antigüedad y título y el que facultaba al Gobernador a fijar las remuneraciones de sus funcionarios.
Si como ha dicho la Sra Gobernadora esta Ley no tiene que ver con habilitar la posibilidad de percibir antigüedad y título, entonces lo que se buscó es impedirle a la misma Gobernadora que fije las remuneraciones de sus funcionarios, los que a partir de la vigencia de la misma tendrán remuneraciones indeterminadas.
A tanta confusión se sumó la Resolución de Presidencia emitida por el Legislador Furlan en la que a través de una Resolución modifica una Ley "ad referedum" de la Cámara.... entonces donde dice "A partir del 1 de Enero" debe leerse "A partir de la fecha de la sanción de la presente..." una nueva alquimia legislativa en una Provincia donde las aclaratorias tienen un poder desconocido en el mundo jurídico.
En esto fue pionero el ex Juez Ricardo Klass cuando emitió una aclaratoria que modificó un fallo.Esa aclaratoria fue el tiro de gracia para que el ex Juez debiera irse de la Provincia por la puerta trasera, el poder que ostentaba años atrás se había diluido rápidamente. Pareciera que algunos dirigentes políticos están decididos a seguir sus pasos.
